Desde la crisis financiera iniciada en 2008, una parte significativa de la población ha sufrido de forma continuada los efectos de prácticas abusivas por parte de las entidades financieras. Aunque durante estos años se han producido avances relevantes gracias a la acción social, la innovación jurídica y la jurisprudencia —especialmente la europea—, la realidad demuestra que los abusos no han desaparecido, sino que se han transformado y adaptado a nuevos contextos económicos y normativos.

La subida de los tipos de interés es un ejemplo claro de esta situación. Las cuotas hipotecarias aumentan automáticamente, pero no existen mecanismos reales que obliguen a los bancos a asumir una parte del impacto ni a ofrecer soluciones viables antes de que aparezcan los impagos. La renegociación, cuando existe, suele ser tardía, restrictiva o supone un empeoramiento de la situación de la persona afectada.

Esta falta de corresponsabilidad se manifiesta de forma especialmente grave en las ejecuciones hipotecarias. A pesar de la existencia de medidas de protección para personas y familias vulnerables, en la práctica muchas de estas protecciones se eluden. Ventas de créditos, uso fraudulento de figuras como el precario o interpretaciones restrictivas de la normativa permiten que se sigan produciendo desahucios incluso cuando concurren situaciones de vulnerabilidad reconocida.

A ello se suma el peso creciente del crédito al consumo (préstamos personales, tarjetas revolving u otras financiaciones) que muchas familias utilizan para poder llegar a fin de mes o intentar sostener el pago de la hipoteca. Este tipo de crédito, con intereses elevados y condiciones poco transparentes, agrava el endeudamiento y dificulta todavía más la salida del problema.

En este contexto, las personas afectadas se encuentran a menudo sin información clara, sin herramientas jurídicas comprensibles y sin una defensa adaptada a su situación real. Los procedimientos judiciales son complejos, largos y desequilibrados, y las soluciones individuales resultan insuficientes frente a prácticas que son estructurales y repetidas.

El proyecto Cuídate del banco, impulsado desde Fragua Laboratorio de Herramientas Sociales, nace para dar respuesta a esta realidad. Se trata de un proyecto que combina defensa jurídica, innovación legal, formación y divulgación, con el objetivo de ayudar a las personas a entender su situación, defenderse frente a los abusos bancarios y, cuando sea posible, convertir casos individuales en litigios estratégicos que permitan generar cambios más amplios. A través de una estructura que integra atención a casos concretos, trabajo jurídico especializado, formación y difusión de derechos, Cuídate del banco busca equilibrar una relación profundamente desigual entre la ciudadanía y las entidades financieras, reforzando la protección real de las personas y poniendo el derecho al servicio de quienes más lo necesitan.